Justicia Fiscal

El indicador para monitorear el gasto público, con énfasis en género, diversidad y justicia ambiental se realiza como parte del proyecto “Voces que Suman: Mujeres y juventudes diversas alzan su voz por una gestión de finanzas públicas sostenible, equitativa, eficiente e inclusiva”, el cual es implementado por el consorcio Amate El Salvador, ORMUSA y OXFAM, cofinanciado por la Unión Europea en El Salvador y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMZ, en el marco del programa Buena Gobernanza Financiera para una recuperación verde e inclusiva en El Salvador, que implementa la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ.
La construcción del Sistema de Indicadores del Gasto Público con Enfoque de Género, Inclusión y Sostenibilidad Ambiental parte de una concepción de derechos del rol del Estado en la redistribución de los recursos públicos.

Este marco conceptual articula los tres enfoques transversales de género, inclusión social y sostenibilidad ambiental, bajo los principios de la justicia fiscal, la economía feminista, la interseccionalidad y la justicia ambiental.  El objetivo es proporcionar un marco de interpretación que permita analizar el gasto público en El Salvador en función a su capacidad de reducir desigualdades estructurales..

Este indicador sirve para revisar cómo gasta el dinero el Estado y si ese gasto ayuda a hacer un país más justo o si, por el contrario, sigue manteniendo las mismas desigualdades de siempre.

Se enfoca en tres cosas muy importantes:

  • La igualdad de género
  •  La inclusión de personas y grupos históricamente excluidos (como personas con discapacidad, pueblos indígenas o la población LGBTI+)
  •  El cuidado del medio ambiente.

¿Qué se hizo para construir este indicador?

Se revisaron los presupuestos del gobierno desde el año 2014 hasta el 2025. Es decir, se analizó cómo se ha planeado gastar el dinero durante todos esos años. Se buscó ver si los presupuestos:

  • Tienen ideas o decisiones que claramente benefician a ciertos grupos (sesgo explícito),
  •  sí, sin que se note a primera vista, terminan impactando a algunas personas o al medio ambiente (sesgo implícito).

¿Cómo se hizo este trabajo?

Además de la revisión de documentos y cifras fiscales, también se habló con organizaciones sociales y comunidades para escuchar sus experiencias y puntos
de vista. Además, se solicitó información al gobierno más allá de lo que los portales de transparencia fiscal y documentos públicos contienen.

Cada línea de trabajo de los presupuestos institucionales es evaluada según su relación de propósitos para determinar si correspondía a uno de los enfoques de género, inclusión y sostenibilidad.

Además, se reconoce que las asignaciones presupuestarias impactan de manera diferenciada en diversos grupos poblacionales y en el medio ambiente. En este marco, la identificación de sesgos explícitos e implícitos permite evaluar la direccionalidad de las políticas públicas en la reducción de desigualdades estructurales y la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo.

  • Los sesgos explícitos se presentan cuando las líneas de trabajo de las unidades

presupuestarias son diseñadas con un enfoque de género, diversidad o medioambiental, reconociendo de manera directa la existencia de desigualdades y la necesidad de atenderlas mediante intervenciones específicas. El reconocimiento de estos programas dentro del indicador permite medir qué proporción del gasto público está directamente destinada a reducir desigualdades de género, promover la inclusión social y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Además, permite evaluar si el financiamiento de estos programas es suficiente y si su ejecución cumple con los objetivos propuestos.

  • Los sesgos implícitos surgen en programas que, aunque no fueron diseñados originalmente con un enfoque de género, diversidad o medio ambiente, tienen un impacto diferenciado en ciertos grupos poblacionales o en la sostenibilidad ambiental. Incorporar los sesgos implícitos en el análisis del indicador permite identificar oportunidades y riesgos en la distribución del gasto público. Esto facilita la formulación de recomendaciones para que los programas con impacto diferenciado integren de manera explícita objetivos de equidad de género, inclusión y sostenibilidad.

Una vez identificadas las líneas presupuestarias relevantes para el análisis, estas han sido organizadas en torno a un sistema de categorías y subcategorías
analíticas diseñadas para reflejar los ejes centrales de cada uno de los tres enfoques del sistema. Cada enfoque cuenta con su propia lógica categorial, adaptada a los marcos conceptuales específicos y a los tipos de programas presentes en el presupuesto público salvadoreño.

Para la construcción del indicador de gasto público con enfoque de género, se retoma el concepto de tres autonomías de la mujer: económica, física y en la toma de decisiones. Retomar este enfoque permitió evaluar cómo las asignaciones presupuestarias contribuyen a la reducción de desigualdades estructurales y a la garantía de derechos.

De acuerdo con este marco las tres autonomías se definen como:

  • Autonomía Económica. La capacidad de las mujeres para generar ingresos propios y acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral, la educación y la protección social. Este concepto implica no solo la posibilidad de participar activamente en la economía, sino también la existencia de condiciones estructurales que garanticen su permanencia y desarrollo en el ámbito productivo.
  • Autonomía en la Toma de Decisiones. La capacidad de las mujeres para participar en igualdad de condiciones en espacios de poder y toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en el económico y social.
  • Autonomía Física. La capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su vida, lo que incluye el acceso a la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la protección contra la violencia de género

Además, el sistema incorpora dos dimensiones adicionales relacionadas con la conducción administrativa y la corresponsabilidad de cuidados, que permiten un análisis integral del gasto público con perspectiva de género.